Crisis de la seguridad pública en la provincia de Buenos Aires (página 2)

1. ANTECEDENTES Y
CRISIS
UNO

…"3La apertura de la etapa
democrática encontró a los policías de la
argentina en una situación caracterizada por la ausencia
de revisión de sus estructuras
y prácticas, sumada a la recurrente falta de
orientación general , ausencia de políticas institucionales de carácter integral en la materia de
seguridad
ciudadana y con un involucramiento importante en una larga
lista de casos de violencia
policial combinado con la continuación de
prácticas que expresaban graves y cotidianas violaciones
de los derechos
humanos"(…)

La Policía Bonaerense, en la segunda mitad de los
90´, tuvo en su haber varios cuestionamientos por su modo
de actuar. Hechos de gatillo fácil, abuso de autoridad,
corrupción, civiles ajenos a los hechos
muertos por negligencia e impericia en la labor policial, etc.
Los hechos policiales son observados y analizados por los
distintos medios de
comunicación, que para entonces comenzaron a
popularizarse con el video cable,
Internet
registrando sistemas de
información, actualizada, durante las veinticuatro
horas.

Un antecedente importante que comenzaría por
revelar o acrecentar la crisis en la institución Policial,
es, desde mi punto de vista, lo ocurrido el 8 de Mayo de 1987
conocido como "La masacre de Ingeniero Budge", un caso de
gatillo fácil4 donde en la localidad de Lomas
de Zamora dan muerte a tres
jóvenes de 26, 24 y 19 años de edad, quienes fueron
acribillados por tres policías.

Otro hecho que cuestiona el accionar de la
institución policial fue el suceso del 18 de Julio del
año 1994, cuando se produce el segundo atentado terrorista
transnacional en la Argentina, el atentado a la sede de la AMIA
en Capital
Federal. Esta vez con personal de la
Policía Bonaerense sospechada de participar en el
atentado. Si bien los imputados, luego del juicio, demostraron su
inocencia en el atentado, salieron a la luz hechos de
corrupción, vinculados a delitos en la
compra y venta de
vehículos robados.

El 25 de Enero del año 1997 en Pinamar, localidad
de la costa bonaerense, comienza a escribirse una de las
páginas más oscuras de la historia de la
policía de la provincia de Buenos Aires. El
homicidio del
periodista gráfico José Luís Cabezas, la
investigación y posterior juicio confirman
que los autores de la muerte del
fotógrafo de la Revista
Noticias
fueron un grupo de
policías en actividad en complicidad junto a otras
personas con antecedentes penales. Estos hechos conmocionaron a
la opinión
pública y dejaron a la luz distintos manejos espurios
de la policía junto a políticos y
empresarios.

Otras de las feroces criticas que recibía la
policía provincial era la indiscriminada represión
producida el Miércoles 21 de mayo de 1997, cuando a
raíz de un desalojo de vendedores ambulantes en la capital
provincial, la policía comienza a perseguir a estas
personas, donde algunas de ellas buscan refugio en la Universidad de La
Plata, donde , sin autorización alguna, la policía
ingresa disparando balas de goma e hiriendo a estudiantes y
algunos profesores, realizando detenciones masivas y
trasladándolos hasta la comisaría primera de esa
ciudad.

A raíz de ello se genera un duro enfrentamiento
entre policías y estudiantes, que se prolongo por el lapso
aproximado de 7 horas. Este hecho además de poder verse en
directo desde los distintos canales de televisión, genero
críticas desde organismos políticos hasta la
ciudadanía, por el exceso en la
"restauración del orden", según decían en
ese momento fuentes del
ministerio de seguridad.

A raíz de este hecho, el entonces subsecretario
de seguridad de la provincia Dr. Alejandro Granillo
Fernández renuncia al cargo, además Granillo
Fernández era profesor de
Derecho en la Universidad de la Plata.

1.1 EL ANTIGUO REGIMEN

(…) 5"Una serie de indicadores
daba cuenta del carácter autoritario de esta fuerza: la
nomenclatura de
los cargos y dependencias, la rígida separación
entre Oficiales y Suboficiales, normativas disciplinarias
tendientes a promover y legitimar la subordinación a los
superiores y a restarle importancia a las faltas
relacionadas con la violación de los derechos de los
habitantes".

Buenos Aires es la provincia más extensa y
poblada de la República Argentina. Desde el punto de vista
político-administrativo, el territorio está
dividido en 134 municipios. La sede de los tres
poderes se encuentra en La Plata, ciudad capital de la
Provincia, distante a 50 km. de la Capital Federal. Tiene una
extensión territorial de 307.571 Km² y para el
año 1997 la población bonaerense se estimaba en
13.700.000 habitantes, según datos del INDEC
del año 1996.

Para ese entonces, la policía bonaerense
administrativamente hablando, estaba dividida en Unidades
Regionales, las cuales abarcaban los distintos partidos de la
Provincia de Buenos Aires, en total había 18 Unidades
Regionales, (alguna de ellas contenían a mas de un
partido), donde la jefatura de la unidad regional era ejercida
por un Comisario Mayor.

En el sistema
escalafonario, la persona que
ingresaba a la policía Provincial, podía escoger
entre la carrera de Suboficial (el requisito era menor y solo se
pedía estudios primarios) o la de Oficial de
Policía, donde el requisito era tener estudios secundarios
completos y la duración de la formación era de dos
años en calidad de
internado, (solo salían los fines de semana). Para la
primera opción existían 8 jerarquías,
(ordenadas de mayor a menor)

1) Suboficial Mayor 4) Sargento Primero 7)
Cabo

2) Suboficial Principal 5) Sargento 8) Agente

3) Sargento Ayudante 6) Cabo Primero

Para la segunda opción las jerarquías eran
9, (ordenadas de mayor a menor)

1) Comisario General 4) Comisario 7) Oficial
Inspector

2) Comisario Mayor 5) Subcomisario 8) Oficial
Subinspector

3) Comisario Inspector 6) Oficial Principal 9) Oficial
Ayudante

La jerarquía numero 8 de la primer opción,
es con la cual egresaban los aspirantes a policía ,
mientras que la numero 9 de la carrera de Oficiales, es la
jerarquía que obtenían luego de dos años de
estar internados en la escuela Juan
Vucetich.

En cada partido había una estación
policial denominado comando radioeléctrico, el cual, en el
año 1992 con la compra de nuevos móviles policiales
paso a llamarse "Comando de Patrullas" cuya función
principal era la de patrullar las distintas localidades de un
partido, las cuales coincidían con las jurisdicciones
policiales. Cada partido tenía un Comando de
Patrullas.

6"…Pero fueron las Patrullas
Bonaerenses el caballito de batalla de la "Policía del
siglo XXI" una mala copia del sistema popularizado por las
series norteamericanas de televisión, que, bajo un comando
unificado, garantizaría "presencia en las calles" que
exigían las encuestas.
En noviembre de 1992 se concreto la
compra de 1000 Chevrolet Monza a la General Motors de Brasil y de 400
camionetas Chevrolet LUV a la filial chilena de la misma
multinacional, por una suma que totalizaba 15.630.000
dólares. Blancas y radiantes, las famosas patrullas
comenzaron a invadir la provincia."

Las comisarías reciben denuncias, alojan
detenidos penales y contraventores, también tiene
función de toma de impresiones para identificación
de antecedentes por delitos o bien por trámites
particulares (adopción,
trabajos, trámites de ciudadanía etc.), e
intervienen en los distintos hechos del ámbito de su
responsabilidad, realizando las actuaciones
prevencionales que dieren a lugar, con intervención de los
tribunales jurisdiccionales, donde acorde al delito que se
imputaba, el comisario tenia la facultad de dictar la
detención preventiva del aprehendido. (art.180 del antiguo
código
procesal penal de la Pcia Bs.As)

Existían también las brigadas de investigaciones,
quienes resultaban ser grupos
operativos, quienes se dedicaban a reprimir delitos y/o faltas
como el juego
clandestino, la prostitucion, los robos cometidos por grandes
bandas delictivas, la lucha contra las drogas
ilícitas, etc. Sobre esta manera de actuar, hay un
párrafo
de Daniel Arzadún, que dice:

(…)7La modalidad de lucha contra el
delito instituida y ampliamente extendida en esta etapa por los
"grupos operativos" policiales, se basaba en la
"regulación" directa o indirecta de las actividades
ilícitas. Esta modalidad configuro la matriz de
las políticas de seguridad una vez restablecida la
democracia,
en la cual se conjugaban distintas tácticas de
complicidad, encubrimiento, protección,
persecución y represión de grupos delictivos,
dando lugar a la constitución de un amplio sistema
policial de autofinanciamiento mediante el dinero
gestado por las actividades delictivas permitidas, regenteadas
o directamente ejecutadas por la propia
policía."

La normativa legal que enmarcaba la actividad policial
para esa época (hasta el año 1998) era el decreto
ley 1675/80 y
9550/80, siendo las mismas la ley de personal y orgánica,
juntamente con el código de procedimiento en
materia penal de la Provincia de Buenos Aires, promulgado bajo la
ley 3.589 del 15 de enero de 1915 (conocido como código
Jofre).

La organización del sistema policial del
momento era fuertemente centralizado y todo dependía de la
unidad regional, no había participación
comunitaria, tampoco relaciones con integrantes de las redes medias de la sociedad. La
policía se mantenía distante de la comunidad.

En este periodo la prevención del
delito8 se realizaba acorde a lo que dictaba el jefe
de la dependencia Policial. El personal policial salía a
patrullar en las zonas que delimitaba el comisario o bien en base
a órdenes de servicios
(operativos policiales) provenientes de la Unidad Regional o de
la Jefatura de Policía. Las zonas a recorrer en general
siempre resultaban ser zonas comerciales y fabriles ya que estas
podían generar mayor presión
sobre las autoridades policiales en caso de un requerimiento de
mayor presencia policial. No existía lo que actualmente se
conoce como mapa del delito, si había un mapa
estadístico, el cual consistía en agregar alfileres
de colores en los
lugares donde se denunciaban los delitos, específicamente
los hechos de robo, robo y hurto automotor, cada modalidad
delictiva tenia un color en
particular, donde no todos utilizaban el mismo color para
identificar la misma modalidad.

A este mapa, en forma quincenal y mensual se le sacaba
una foto, siendo elevada a la Unidad Regional, donde mediante la
observación de la fotografía
y la codificación de la moda delictiva
debían interpretar que comisaría presentaba mayor o
menor problemática delictual.

Este procedimiento resulta ser de difícil
lectura, donde
lo único que se observaban eran alfileres agrupados en
distintas secciones del mapa y mezclados con otras formas
delictuales, no se determinaban zona calientes, o de mayor
incidencia delictual, rangos horarios, descripción de los hechos, etc. Este
procedimiento solo cumplía la función de un
requerimiento, uno más que realizaba la superioridad
policial, se cumplía en forma mecánica y se hacia en forma quincenal o
mensual.

Los patrullajes se realizaban sin planificación previa, no se tenía en
cuenta los hechos cometidos durante el día, el termómetro de las zonas de mayor
conflictividad o de mayor índice delictual, se
sabían por la cantidad de denuncias que se recibían
en la comisaría, a sabiendas que no todos los hechos se
denuncian. Si no había denuncias, o interpretado de otra
manera, cuanta menor cantidad de denuncias tenia un
comisaría, ello era indicador de que bajaba el delito, lo
cual no resultaba ser cierto. No existía una capacitación previa del personal en las
distintas formas de prevención del delito, sino que todo
se aprendía sobre la marcha o bien mediante
transmisión de experiencias de vida laborales de otros
policías, las cuales no podían aplicarse como regla
para todos los casos.

En el año 1997, en la Gobernación del Dr.
Duhalde, el secretario de Seguridad de ese entonces Dr. Carlos R.
Brown, recibe duras criticas de la sociedad y los medios de
comunicación por los hechos de "Gatillo Fácil",
el reclamo era por la falta de previsión de la
policía al momento de utilizar el arma reglamentaria y no
advertir las consecuencias de mantener enfrentamientos armados
donde existe riesgo para
terceros (personas ajenas al hecho). A raíz de ello el
entonces Jefe de Policía, Comisario General Adolfo
Vitelli, edita lo que se denomino El Libro
Azul,(conocido así por el personal policial debido al
color de sus tapas) el nombre del libro era "Manual de
Instrucción Para el personal Policial" el cual
contenía un resumen de las leyes que
conformaban y regían el accionar policial de ese momento.
También tenia recortes periodísticos de distintos
medios
gráficos que denotaban la negligencia
policial al momento de utilizar armas de fuego,
donde resultaban victimas personas inocentes, básicamente
trataba de ser un manual de leyes, decretos, normas internas,
que estaban vigente en ese momento. En el libro, nada se hablaba
de la prevención del delito o bien de métodos y
mecanismos de prevención para la realidad delictual que
imperaba.

A modo de ilustración se trascribe la primera parte
del prologo realizado por el Jefe de policía de ese
momento, el Comisario General Adolfo Hugo Vitelli:

…" CAMARADA: Ante la situación que vive
la Policía Bonaerense y en el convencimiento que debemos
rectificar el rumbo para revertir la situación, he
considerado la necesidad de poner énfasis en el Hombre
Policía, lograr mejores condiciones para
desempeñar sus tareas, y en especial lograr una optima
preparación del mismo a fin de mejorar el
profesionalismo de la fuerza, lo que redundara en un eficaz
servicio a
la comunidad que sin dudas sabrá reconocer. Como parte
de ello he estimado necesario editar este "MANUAL DE
INSTRUCCIÓN PARA EL PERSONAL POLICIAL", actualizando
la edición de 1964, ya que si bien la
misión
de la fuerza es la misma, la problemática actual es muy
diferente a la de aquellos años".

El prologo dice que este libro se actualizó, del
que se había realizado en el año 1964, pasaron 33
años y muchos errores, para que se comience a pensar en
generar un mecanismo de capacitación e instrucción
a los policías.

En la faz judicial, el sistema de iniciación de
sumarios y la investigación era delegada a la
policía, quien realiza las distintas actuaciones que
conformaban el plexo probatorio para mantener privado de la
libertad a los
presuntos delincuentes, controlado en forma directa por el juez
penal. La víctima no tenía injerencia en el
proceso
penal.

El Estado se
apodera del hecho y prosigue con la tramitación del juicio
de reproche. Este sistema fue cuestionado, quedando al
descubierto sumario penales armados y causas judiciales
fraguadas. Estos hechos y los distintos cuestionamientos al
sistema de seguridad pública, por la oposición
política y
los medios de comunicación aceleraron una posible
intervención y posterior reforma de la policía
bonaerense.

El diario Clarín en año 1997 publica una
nota titulada:

Los reclamos que le hace la gente a la
Policía
Bonaerense9,
la cual decía "…Un hombre se
queja porque denunció a un bombero que le pega a su hija y
en la comisaría le dijeron que el asunto no tenía
importancia. Una mujer dice que en
su barrio los patrulleros sirven para que los policías
puedan dormir recostados en los asientos. Otra dice que pasan con
la sirena encendida y gritando obscenidades por la ventanilla.
Para la gente común, los vecinos anónimos de los
barrios bonaerenses, el mayor problema de la Policía es
que no trabaja o lo hace mal, y que no atienden sus reclamos de
todos los días, aun por encima de los casos de abuso o
corrupción"…

Un trabajo
realizado en año 2001 por la consultora Nueva
Mayoría, indica el nivel de evolución de imagen positiva
de la Policía Bonaerense:

Centro de Estudios Nueva
Mayoría

El nivel más bajo se observa en el
año 1997

2. LA PRIMER
REFORMA DE LA POLICÍA BONAERENSE

Antes de comenzar con un relato aproximadamente
cronológico sobre la primer reforma policial, citare un
texto del
Dr.Gregorio Kaminsky10 que se llama Inseguridad,
el cual escribió para la revista Argumentos, el escrito
surge de una conversación bajo el tema
"Inseguridad" desarrollada día jueves 4 de
septiembre de 2003 en el Instituto de Investigaciones "Gino
Germani" de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires, donde
también participaron 11Alcira Daroqui y
12Juan Pegoraro.

"…Creo que por el momento la debemos
acompañar por segmentos que no permiten la
generalización reflexiva y que encarnan cierto presente
político nacional. Una cuestión tiene que ver con
la Policía Bonaerense (PB), un problema en el que
intentamos explicar algo más de lo que se conoce.
Observemos para empezar que esa propia policía se siente
conjuntamente orgullosa –la gran familia y
simultáneamente alegre por su denigración
–la mejor maldita policía. Es interesante ver
cómo les place tener el honor de ser denominados
así, aunque exista la mismísima
observación anticristiana de lo "maldito". Dicho como
metáfora: somos malditos pero somos los mejores
malditos.

Para poner esto en una periodización
histórica y en perspectiva, de modo esquemático
se puede señalar que hay una PB antes y después
del Caso Cabezas, el acto
político-económico-policial clave. Antes temas
referidos solamente a la corrupción, o a la construcción de más inseguridad
que seguridad, Inseguridad luego todo ese fenómeno
policial alcanza una visibilidad explícitamente
política. A partir de ahí se ven con nitidez los
grados de "elusión-colusión", el diverso
carácter de asociaciones y alianzas entre la
política, el delito y la policía. Se debe hacer
una imputación a ciertas instituciones, en particular políticas,
que con eso producen "caja y afirman poder". En el año
1996 comienza una Reforma de la policía, que es dirigida
por quien tuvo un fuerte protagonismo en el juicio a los
comandantes, y es llevada a cabo con las garantías de
cierta legitimidad legislativa. Es un proyecto que ha
tenido muchos registros y
financiación en uno de los tiempos más crudos y
duros de la década menemista. Pasaron por La Plata
destacados pensadores de esa y otras cuestiones, italianos,
franceses, teóricos y técnicos, canadienses, etc.
Esa Reforma tuvo cuestiones interesantes hasta que
efectivamente se hizo políticamente inviable: cuando
había que "meter bala a los delincuentes", la mano
debía ser muy dura y se debía castigar esa
blandura. Fue un proyecto que no hizo demasiado caso a las
urgencias políticas coyunturales…"

El 19 de diciembre de 1997, el Dr. Eduardo Duhalde como
gobernador de la Provincia de Buenos Aires, dicta el decreto
4506/97 con el cual se dispone "la intervención de la
Policía de la Provincia de Buenos Aires para su
reorganización", estableciendo un plazo máximo
de noventa días. Mediante decreto 4508/97 designaba en el
cargo de "interventor de la Policía Bonaerense" al Dr.
Lugones, quien resultaba ser en ese momento diputado
provincial.

Estos cambios se debían producir para lograr la
efectivización de una transformación institucional
que permitiría conformar una nueva estructura
orgánico-funcional del sistema policial
provincial.

Como toda reforma Institucional, genero ciertos
rechazos, desde el interior de la propia fuerza policial, como si
se estableciera una barrera y no dejara ingresar el cambio o las
nuevas ideas, y sobre este concepto citare
un texto del profesor Cristián Varela13,
llamado "La entrada al terreno institucional", escrito en
el año 2003 y publicado en la Revista Tramas, Nº 20,
Ed. Universidad Autónoma de México,
2004, ISSN 0188-9373.

"…Tal como lo plantea Lourau (1975), toda
institución se define por oposición a (uno) el
conjunto del sistema social y (dos) al resto de las
instituciones. En este sentido una institución, una
organización, puede entenderse como un campo de
condensación en el plano de lo social donde se concentra
un conjunto de discursos y
recursos
relacionados con su objeto y sus prácticas; al tiempo que
se expulsan o tiende a expulsarse de su seno todo aquello que
no compete directamente a ese objeto. Una institución no
es un espacio abierto, no es por ejemplo una plaza
pública donde existe una considerable libertad para
desarrollar distintas prácticas. En una plaza urbana se
puede observar gente predicando o evangelizando, otros
comerciando, otros haciendo proselitismo político; gente
simplemente estando o paseando, algunos comiendo, otros jugando
o practicando deporte… y aún
concertando el intercambio sexual de manera lícita o
ilícita. Aunque pueda considerarse a la plaza
pública como una institución, su dimensión
instituida es lo suficientemente amplia como para incluir en su
interior a un variado conjunto de prácticas sociales.
Pero si las iglesias, partidos y empresas pueden
extender sus prácticas a los espacios públicos,
difícilmente aceptarán que sus propios
establecimientos se vean invadidos por la gama de actividades
que se observa en aquellos.

Definirse por oposición (uno) al conjunto del
sistema social, significa incluir en su interior aquello que se
adecua con su función principal, y con su cultura
institucional, excluyendo lo que considera inadecuado.
Significa además efectuar una torsión de
aquellas realidades del sistema social que no pueden excluirse.
La iglesia no
puede prescindir del intercambio económico, pero la
presencia del dinero en su
interior estará altamente ritualizada. La
política, las creencias, la economía, la
pedagogía…., esas grandes relaciones
que toda sociedad ordena, sistematiza, institucionaliza, cuando
no puedan ser excluidas del interior de cada una de las
instituciones, serán reapropiadas bajo un modo
específico, particular: sacralizadas en la iglesia,
ideologizadas en el partido, vueltas rentables en la empresa.
Tomando la expresión de Lyotard (1979) puede decirse que
toda institución tiende a conformarse como una totalidad
fragmentaria, como un fragmento que aspira a la
totalización, dándole un sentido propio a las
realidades sociales. Definirse por oposición (dos) a las
demás instituciones significa que cada
organización se dará una identidad
propia, particular, basada en aquello que la diferencia de las
otras organizaciones
similares. Cada iglesia, partido, club o empresa
pondrá especial cuidado en diferenciarse de las
demás entidades semejantes, al punto que no sería
extraño ver que el mayor esfuerzo esté puesto en
incrementar la pequeña diferencia que la diferencia de
las otras organizaciones del mismo "rubro".

Es en función de estas oposiciones que cada
organización tiende en su derredor un cerco, un
límite tanto virtual como real, con el fin de garantizar
su integridad y evitar ser contaminada, desvirtuada,
trabajada, por fuerzas ajenas. Castoriadis encuentra que
existe una similitud entre el cerco que tiende en torno suyo
la
organización social y la membrana que se establece
en torno de la organización biológica, cerco que
en ambos casos regula el intercambio con el medio (Castoriadis,
1988). Por su parte, Elías Canetti (1983) plantea que
las instituciones se constituyen lógica y cronológicamente a partir
de las masas cuando éstas son encerradas.
Si las masas son conjuntos
sociales abiertos y más o menos espontáneos, con
escasa o nula organización y caracterizadas por la
incorporación no sólo irrestricta sino deseada de
participantes –"la masa desea crecer"–, el pasaje a
la forma institución se opera mediante su
encierro en un espacio determinado, así como a
través de la limitación del número de sus
integrantes. La hipótesis del encierro en el origen de la
institución es también la que sustenta Foucault
(1964) a propósito del surgimiento del hospicio y de la
prisión moderna.

Se ve entonces en qué sentido el ingreso al
territorio de una institución estará siempre
más o menos impedido o regulado, y cómo esto
ocurre por efecto de un factor estructural de cercamiento
propio de la naturaleza
de las organizaciones sociales.

En la constitución misma de una
institución queda de hecho establecida la
división entre un interior y un exterior, entre los
incluidos y los excluidos, delimitación que será
materia constante de atención y perfeccionamiento y
determinará la conformación de un clima,
de una cultura propia. Interioridad / exterioridad
territorial por un lado, inclusión / exclusión de
personas por el otro. Gerth y Mills (1972) sostienen que "las
instituciones seleccionan y expulsan a sus miembros de acuerdo
con gran variedad de reglas formales y códigos
informales". En el orden de lo formal recurren para ello a la
consideración de variables
que van desde las más gruesas como edad, sexo y
salud, hasta
las más finas que se detectan mediante
exámenes elaborados de habilidades o aptitudes
especializadas, de test de
personalidad, etc. Las reglas formales suelen
acompañarse de criterios informales de admisión
que no siempre se enuncian explícitamente:
recomendaciones de terceros, imagen personal, estilo de
vida, etc. Algunas empresas, por ejemplo, deciden la
incorporación de sus nuevos cuadros gerenciales
después de invitarlos a participar en una reunión
informal donde se analizan de manera vivencial las variables
correspondientes a este segundo orden. En una perspectiva
ligada al análisis institucional y al psicoanálisis, Enríquez considera
que toda organización "desarrolla un proceso de
formación y de socialización de los diferentes actores,
para que cada uno de ellos pueda definirse en relación
con el ideal propuesto"; sostiene que "todo modelo de
socialización tiene por fin seleccionar las 'buenas'
actitudes y
por lo tanto juega un rol en el reclutamiento o en la exclusión de los
miembros de la organización" (Enríquez, 1992:
35)"…

(Profesor Cristián Varela)

Decidida la Intervención y posterior reforma de
la Policía Bonaerense, el Gobernador implementa el
denominado "Plan de
Reorganización General del Sistema Integral de Seguridad e
Investigación de los Delitos de la Provincia de Buenos
Aires", plan este que había sido elaborado por el actual
Ministro de Seguridad, Dr. León Arslanian y el Dr. Alberto
Binder. En este plan se establecía que la reforma del
actual sistema de seguridad de la Provincia de Buenos Aires no
podía ser por medio de "soluciones de
corto plazo", ya que la crisis del sistema comprometía al
sistema policial, al poder judicial,
al sistema de investigación criminal, y al sistema de
seguridad privada. En unos de sus párrafos el plan
dice:

…"La crisis tiene raíces
estructurales en todos sus segmentos. Lo que ha entrado en
crisis terminal no es esta policía en particular -pese a
todos los elementos propios que tornan más profunda y
dramática la situación- sino un modelo completo
de seguridad e investigación que ya no responde a las
necesidades de la vida moderna, a las expectativas sociales y a
las exigencias que las nuevas formas de ilegalidad plantean a
estos sistemas"…

Según el decreto del Gobernador la
intervención debía ser de 3 meses y estaba centrado
en la disolución de la Policía Bonaerense y la
conformación de un nuevo "sistema de Seguridad
Pública". Es decir, según el plan, una
policía única, verticalizada, no era capaz de dar
solución a la crisis de seguridad. En consecuencia, se
proponía descentralizar la estructura Policial y
diseñar un nuevo sistema en base a las siguientes medidas:
una "Policía de Investigaciones" encargada de la
investigación de los delitos, el fortalecimiento de la
Policía Judicial mediante el traspaso de los cuerpos
técnicos y periciales de la actual policía;
"Policías de Seguridad" con estructura y presencia en cada
uno de los 18 departamentos judiciales existentes en la provincia
de Buenos Aires y encargadas de la prevención del delito y
del mantenimiento
de la seguridad pública; creación de un cuerpo
policial encargado del "traslado y custodia de detenidos" y la
creación de una "Policía de Seguridad vial"
encargada de la seguridad en rutas y autopistas. En definitiva,
ello significaba distinguir en el sistema policial diferentes
funciones
básicas, tales como la investigación criminal, la
seguridad comunitaria, la seguridad vial y la custodia y traslado
de detenidos, y conformar diferentes policías encargadas
de cada una de esas funciones.

El 30 de diciembre de 1997, la Legislatura
Provincial sancionó la ley 12.068, por medio de la cual se
convalida la intervención de la Policía Bonaerense,
creándose a su vez una Comisión Bicameral encargada
de controlar la intervención y posterior reforma
policial.

Durante los 90 días que duró la
intervención de la Policía, se realizaron una serie
de medidas básicas tendientes a reorganizar la estructura
policial, según el plan Arslanian-Binder. Primero, se
pasó a retiro a toda la plana mayor de la Policía
Bonaerense, se disolvió la estructura de conducción
y de mandos y se dispuso el retiro de más de 300
Comisarios entre las jerarquías de Inspectores, Mayores y,
Generales (posteriormente estas personas conformarían un
grupo denominado LOS SIN GORRA, quienes se manifiestan en
contra de la reforma policial), esto resultó ser lo que se
denominó el "descabezamiento" de la estructura policial.
Se disolvieron las Unidades Regionales de las que
dependían las comisarías y éstas pasaron a
depender de las 18 nuevas jefaturas policiales creadas de acuerdo
con las jurisdicciones territoriales de los departamentos
judiciales de la provincia de Buenos Aires.

Así mismo en lo relacionado a la formación
profesional de la policía, los agentes deben cumplir con
un plan de capacitación anual, donde todos los
policías de todas las especialidades deben tener realizado
y aprobado

El curso anual de re-entrenamiento
policial, con la salvedad que en el escalafón de
oficiales, el curso es obligatorio hasta la jerarquía de
Oficial Principal, mientras que en el escalafón de
Suboficiales, es obligación para todos, desde Agente a
Suboficial Mayor.

El mismo consiste en repasar y ampliar las distintas
materias, como ser procedimientos
policiales, gimnasia, defensa
personal, utilización del arma de fuego, practica de tiro
en polígonos, un repaso amplio de las materias
de carácter policial que cada uno de los integrantes de la
fuerza de seguridad debió internalizar en su
formación profesional.

Los cursos de entrenamiento policial se dictaban y se
dictan actualmente en los denominados CENTROS DE ENTRENAMIENTO
POLICIAL, donde cada Jefatura Departamental tiene su propio
centro, donde docentes
especializados y policías capacitados, instruyen a los
agentes en la labor que cada efectivo desarrolla
diariamente.

Hasta hoy o al menos hasta la confección de este
trabajo, no esta establecida la materia Derechos Humanos como
materia o cátedra propiamente dicha.

2.1 CAMBIOS EN EL SISTEMA JUDICIAL

A todo lo expuesto se debe agregar que antes de la
intervención y posterior transformación de la
Policía Provincial, una incipiente reforma ya había
comenzado. Se trata de la reforma al "Código de
procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires", donde el
nuevo código fue sancionado el 18 de Diciembre de 1996
como ley 11.922 y promulgado por decreto Nro 120 de fecha 10 de
Enero de 1997, publicada en el Boletín Oficial el
día 23 de Enero de 1997.

El Código de Procedimiento tardó en entrar
en vigencia. Si bien una ley entra en función una vez
publicada en el Boletín Oficial, esta vez no fue
así, ya que se debieron sancionar otras leyes para demorar
su puesta en función. Se crearon la ley 12.059, ley 12.085
y por último la ley 12.119 la cual fue publicada en el
boletín oficial el día 01 de Julio de 1998 y
establecía la última prórroga de la entrada
en vigencia de la ley 11.922 la cual, según la ley, el
nuevo código entraría a tener vigencia el
día 01 de Octubre de 1998, para esta fecha la
policía de la provincia de Buenos Aires ya había
cambiado su estructura administrativa.

La reforma del sistema procesal penal bonaerense por Ley
11.922 del año 1997 generó un gran cambio,
orientado a adecuar el modo en que el Estado debe
proceder contra una persona imputada de delito al modelo
constitucional del Estado de Derecho
que nos rige desde la reforma Constitucional de 1994.

El antiguo código procesal tenia
incompatibilidades de forma con relación al nuevo , al
menos en tres aspectos: 1) La existencia de una
instrucción preliminar conducida por un "juez
investigador", esto desnaturaliza la figura del juez, lo que
venía a significar la privación a toda una etapa
del proceso penal de la garantía de la
jurisdicción; 2) Las medidas de coerción personal,
cuyos principios
procesales establecían la prisión preventiva como
regla y la libertad como excepción, concibiéndose a
la prisión procesal como pena anticipada violatorio del
principio de inocencia (CN, art. 18). La inexistencia del juicio
oral y público, y la incorporación de los
instrumentos internacionales de derechos humanos que así
lo exigen (CN, arts. 24, 75, inc. 12, 118 y 75, inc. 22). Esta
exigencia también se basa en el principio de inocencia, ya
que la única manera de eliminar ese estado jurídico
que toda persona imputada de delito posee, es a través de
la comprobación de la culpabilidad a
través de un juicio público, donde los jueces son
expuestos al control de las
partes y de la comunidad a fin de que no se produzcan
arbitrariedades.

En el ambito de los 18 departamento Judiciales se
erigieron las fiscalias, las cuales fueron ocupadas por fiscales
que ya existían como tal y se convocaron a concurso nuevos
fiscales para ocupar esos puestos, se crea la figura del juez de
garantías quien controlara el proceso penal y será
el fiscal quien
solicitara medidas al juez de garantías como ordenes de
detención y allanamientos para los distintos procesos e
investigaciones que comenzaban a tener los fiscales, quienes con
la reforma al código de procedimientos, comienzan a
dirigir la llamada investigación Penal Preparatoria (IPP),
la figura de fiscal es mas preponderante que con el antiguo
código. Se crea también la oficina de
asistencia a la victima, donde son asesoradas sobre los hechos
que denuncian, el derecho que le asiste y las intervenciones en
el proceso penal, como así también la ayuda
brindada por un gabinete especializado para la
contención.

2.2 NUEVAS LEYES

Instalada la Intervención Policial e iniciada la
reforma, todavía faltaban leyes ya que la policía
normaba su actividad y principios básicos de
actuación a dos decretos de la época del Proceso
Militar, estas eran los decretos ley 1675/80 9550/80 y 9551/80,
esta última, ley orgánica de la policía de
la Provincia de Buenos Aires. Con la reforma se crean dos leyes
muy importantes como ley Provincial 12.154 de Seguridad
Pública y ley 12.155 de Organización de las
Policías de la Provincia de Buenos Aires.

Las dos leyes mencionadas, son las bases fundamentales y
el marco legal necesario para la reforma del sistema de Seguridad
Publica en la Provincia de Buenos Aires y la conversión de
la Policía Bonaerense. Ambas leyes fueron promulgadas el 5
de Agosto de 1998 y publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Buenos Aires numero 23.650, el día 11 de
Agosto de 1998.

La ley de Seguridad Publica en el artículo 2
establece quien es el responsable de la seguridad
Pública:

Art. 2º – La seguridad pública es materia
de competencia
exclusiva del Estado y su mantenimiento le corresponde al
Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires. La seguridad pública importa
para los ciudadanos, el goce y ejercicio de sus derechos,
libertades y garantías constitucionales.

Se puede apreciar que en el artículo 13 de la ley
12154, se crea una nueva figura, los Foros de Seguridad,
estableciendo en la ley las funciones de cada uno de
ellos:

Art. 13 – Créase, en el ámbito de
actuación territorial de cada Comisaría
integrante de las Policías Departamentales de Seguridad,
un Foro Vecinal de
Seguridad.

Art. 16 – Los Foros Vecinales de Seguridad
tendrán como funciones: a) Entender e intervenir en las
cuestiones atinentes a la seguridad pública
vecinal.

b) Evaluar el funcionamiento y las actividades de las
Policías de la Provincia y de los prestadores del
servicio de seguridad privada, en su ámbito de
actuación.

c) Formular sugerencias y propuestas y solicitar
informes a
los titulares de las Comisarías.

d) Intervenir en los planes de prevención de
actividades y hechos delictivos o vulneratorios de la seguridad
pública y en los planes de mantenimiento de la
situación de seguridad pública desarrollados por
las Comisarías correspondientes a su ámbito de
actuación.

e) Derivar inquietudes y demandas comunitarias y
formular propuestas al Foro Municipal de Seguridad que
corresponda.

f) Informar y asesorar a los vecinos acerca de toda
cuestión o asunto atinente a la seguridad pública
en el ámbito vecinal.

g) Invitar a autoridades o funcionarios
públicos provinciales y/o municipales, con
actuación en su ámbito territorial, para tratar
cuestiones y asuntos atinentes a la seguridad pública
del ámbito vecinal.

La implementación de los foros de Seguridad, al
inicio de la primer reforma había comenzado a generar en
los vecinos la preocupación e interés ,
en algunos sectores, sobre como funcionaba la seguridad en su
barrio o ámbito de actuación, pero esto
comenzó a decaer con el alejamiento del la gestión
del Dr. Arslanian , ya que ,cuando renuncia a su cargo , el nuevo
ministro no sigue los lineamientos anteriores , opacando de esta
manera el trabajo que
se había realizado, hasta ese momento, en temas de
participación comunitaria de la seguridad.

En lo que respecta a la ley 1412.155, esta
ley en particular sienta las bases generales de los principios
básicos de actuación policial, donde se advierte en
su texto gran contenido de instrumentos de Derechos Humanos,
incorporados en la Constitución Nacional en el año
1994. La ley creaba cuatro cuerpos policiales provinciales, a
saber, las "Policías Departamentales de Seguridad", la
"Policía de Investigaciones", la "Policía de
Seguridad Vial" y el "Servicio de Custodia y Traslado de
Detenidos". Estos cuerpos fueron definidos como "instituciones
civiles armadas de carácter profesional, jerarquizadas,
obedientes, disciplinadas y en servicio permanente" y quedaban
instituidos como el "instrumento policial" del sistema provincial
de seguridad pública.

En la reforma, estos cuerpos provinciales
cumplían misiones y funciones básicas de toda
policía en un sistema institucional moderno. Las
Policías Departamentales de Seguridad, cuerpo de
carácter orgánico-funcional descentralizado,
figuran con la misión básica de prevenir delitos e
intervenir en el mantenimiento o restablecimiento de la
situación de seguridad pública. Para ello, se fija
como funciones fundamentales las de recibir denuncias, impedir
que los hechos delictivos tentados o cometidos fuesen llevados a
consecuencias delictivas mayores, desarrollar planes de
prevención de actividades y hechos delictivos o
vulneratorios de la seguridad pública y de mantenimiento
de la situación de seguridad pública, llevar a cabo
acciones de
vigilancia y protección de personas, eventos y lugares
públicos, implementar mecanismos de disuasión
frente a, actividades y hechos delictivos y efectivizar las
funciones previstas en el artículo 294 del Nuevo
Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires,
siempre que no mediare la intervención inmediata de la
autoridad judicial competente.

Con la Sanción de las leyes antes mencionadas y
comentadas se da inicio a la primer reforma policial en la
Provincia de Buenos Aires, la cual va a fracasar por distintas
razones, y para expresarlo mas claramente citare nuevamente al
Dr. Gregorio Kaminsky quien escribió para la revista
Argumentos, sobre Inseguridad ,el escrito surge de una
conversación bajo el tema "Inseguridad"
desarrollada en el año 2003 en el Instituto de
Investigaciones "Gino Germani" de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires:

…"La Reforma falló, creemos, porque
empezaron por donde tenían que terminar: descabezaron
primero a cientos de comisarios generales, subcomisarios, etc.
Y luego reformaron. Algo similar ocurre en los días
precedentes (septiembre de 2003), por lo que no es muy
difícil augurar un pronóstico bastante
cierto.

Ahí donde el estado de inseguridad crece, se
advierte un estado de subjetividad social al que se deduce de
cierta sensibilidad difusa, se habla de "sensación de
inseguridad". Hay algo como una evaluación de un estado subjetivo y
moral, un
"ánimo". Es invocado como estado generalizado, y como
"verdad", verdad "segura". Retóricas de un discurso de
la "libertad" por arriba y de la "seguridad" por abajo. Se
condena el aborto por
ser un acto criminal, al mismo tiempo que se oyen proclamas de
pena de
muerte en la legislación, incluso de la justicia
sumaria. Todo eso existe, y también existe su contrario.
El año pasado, lo tomo como dato, en una zona del
conurbano no tan cercano a Buenos Aires, y con diferencia de
pocos días, la policía mata a un joven, de 17 o
18 años, y en circunstancias terribles. Se recogen
protestas y declaraciones de la madre, de padres que
habitualmente no salían a manifestar, y ahora van hasta
cierto lugar que puede ser la Departamental o la
Comisaría, o un lugar donde saben que vive tal o cual
personaje ligado a ese crimen. En unas declaraciones, la madre
insiste con dar algún perdón a quién
cometió el homicidio de su hijo.

Ella es una fervorosa adherente a un grupo evangelista
que establece que es necesario perdonar, que hay que pensar
más en amor que en
castigo incluso en quienes han cometido tan grave
desgarramiento a su propia vida. En sectores del conurbano el
evangelismo ya es un gran aparato ideológico y es muy
interesante ver qué espacios han ocupado las cuestiones
de la seguridad. Ella, la madre, perdona. Al poco tiempo ocurre
un hecho igualmente terrible y, en sus efectos, similar al
anterior. En el proceso, ante los reclamos y el clamor de
justicia, esta madre profiere y reclama al Estado una
retribución al asesino exacta a la acción infligida, esto es: pena de muerte
a los culpables reconocidos por ella misma.

Sería, dirían los académicos, la
concepción de la teoría retribucionista, se pide la quema
del presunto actor, la muerte y linchamiento para el homicida.
Entonces, frente a esos actos delictivos, entre cientos o miles
de otros, se ve que por un lado hay un tipo de actor de la
legalidad,
pero también hay cierta forma de ejecución
social.

Como en estos ejemplos, no se trata aquí de una
cuestión estrictamente económica –el tema
de los pobres– porque esos eran sectores medios, sino que
está ligado a otras circunstancias culturales,
ideológicas, con fuerte predominio en los procesos de
socialización. Muerte social por arriba, muerte
individual por abajo. Hay un cierto discurso que alienta y
favorece esa famosa sensación de inseguridad, en donde
se puede encontrar en la sociedad civil
mucho deseo de pena de muerte sin que un Estado se haga cargo
de este problema como una política propia y no como
política de persecución. Es el discurso
biopolítico que disciplina y
controla el reclamo de la propia sociedad civil del deseo
colectivo del perdón o de lo que mata. Es el
perdón de la violencia, del delito, y es el reclamo
popular-autoritario, al que Marcuse define como fascista. La
población dice que se siente insegura y reclama
más policía, más rápida, más
instrumentada, con armamento y chalecos antibalas. Pide una
guerra, pero
una guerra a escala barrial,
brutal y a escala infinitesimal. Hacen un reconocimiento
invertido de la cuestión, es la apoteosis del
fetichismo. Giorgio Agamben, un gran filósofo italiano
actual, señala que a escala de países como el
nuestro, es indispensable enfocar antes la seguridad interior
que la exterior. Hay una cuestión que aparece como muy
venerada, que Agamben denomina "denegación
histérica", una tecnología de los modos sociales
fetichistas. En nuestro país tan psicologizado, los
estudios de la problemática de inseguridad – seguridad
brillan Inseguridad escandalosamente por su ausencia: existe
una denegación histérica en el campo del saber.
Solamente es abordada como un capítulo de la criminalística y de la crónica
mediática policial. Parecería que el problema
focalizado es el lugar del delincuente y de quien tiene la
tarea de reprimir, un agente auxiliar del Estado.

Sin embargo, la seguridad es una cuestión
decisiva que en estos tiempos aparece con crudeza y brutalidad.
Es el mismísimo terror como ingrediente inevitable
cuando se trata nada menos que de una política del
Estado. Del mismo modo que lo es la salud y la
educación. ¿Se resuelven los problemas de
la salud descabezando a los directores de hospital que han
hecho una compra directa de algodón o jeringas, o los de la educación descabezando directores de
escuelas que compraron tizas y pizarrones? Además, no se
forma ni capacita a los productores de seguridad como se lo
hace en las otras dos políticas de Estado.

¿Es posible depositar nuestras vidas en esos
funcionarios de la seguridad como lo hacemos con los
médicos y profesores? ¿Dónde comienza la
seguridad, y por dónde termina? Se mira
críticamente a las empresas de servicios privatizados
tales como las de energía, gas,
teléfonos, etc., pero ¿a los noventa mil
custodios privados diseminados por todo el territorio
provincial? ¿Es que así calmamos esa famosa
"sensación de inseguridad"? El Estado no lo toma en
serio, y no es que no quiera, es que no se tiene mucha idea
acerca de recuperar el monopolio
del Estado en seguridad, el monopolio de la violencia
institucionalizada interior. Se tranquilizan algunos
días "descabezando" jefes o comisarios dentro de la
institución que es una "hidra de mil cabezas".
"Cabezas", reaparece nuevamente el nombre mismo por donde
empezamos. Creo que, entre otras cosas, hay que plantear una
"desmoralización" de la institución policial.
Quiero decir, instituciones que no son buenas ni malas, o que
hay buenos policías y los hay malos. Eso es una
simplificación infantil y temeraria cuando se alude a
las instituciones de seguridad. En el nivel de Estado
están las problemáticas económico-sociales
que acompañan necesariamente a la cuestión de la
seguridad. Hay una mirada, una "sensación" de
inseguridad. La sociedad civil es tomada como pura
víctima pasiva, pero no en sus fuerzas y potencias, es
vista como muchedumbre y no como multitud, como el lugar adonde
acude el delito, la violencia, donde se convierte en "objeto
social de ese sujeto asocial". El ciudadano, dicen, se ha
convertido en el blanco criminal de esta negrura
social."…

3. ANTECEDENTES
Y CRISIS DOS

El año 1999, estuvo atravesado por una dura
campaña política. En el ámbito de la
provincia de Buenos Aires, el Ministro de seguridad era el Dr.
León Arslanian, quien se encontraba realizado la reforma
de la Seguridad Publica en la Provincia, reforma esta que quedo
trunca debido a la batalla política que se produjo antes
de las elecciones del 24 de Octubre de 1999.

En ese entonces la provincia de Buenos Aires estaba
viviendo una crisis económica y social y junto a ello la
inseguridad, la cual se observaba en los titulares de los
diarios, robos seguidos de muerte, asaltos, violaciones civiles y
policías muertos en enfrentamientos violentos. La
oposición política de ese entonces al justicialismo
era la Alianza,(conformada mayoritariamente por el partido
Frepaso y UCR) quien comienza a cuestionar la reforma policial y
el sistema de seguridad pública.

En una nota del diario clarín de ese entonces se
podía leer el siguiente titulo "INSEGURIDAD: OFENSIVA
DE LA OPOSICION CONTRA EL MINISTRO DE SEGURIDAD
BONAERENSE15" y la nota decía:

…" La Alianza consideró ayer como un
rotundo fracaso la política de seguridad del Gobierno
bonaerense y pidió la renuncia del ministro León
Arslanián, responsable de las reformas aplicadas en esa
área.El dardo lanzado por la coalición
UCR-Frepaso contra la gestión de Eduardo Duhalde,
precandidato presidencial por el justicialismo, se inscribe en
la pulseada política que generó la ola delictiva
en los aprontes de la campaña electoral." (…)
" Los dirigentes aliancistas se turnaron en atribuirle al
gobernador bonaerense la responsabilidad por el clima de
inseguridad en el conurbano. Y además hicieron
hincapié en la falta de control al consumo de
droga y al
narcotráfico como una de las causas del
componente de violencia de los delitos cometidos
últimamente en esa zona de la provincia.

El candidato a gobernador de la Provincia de Buenos
Aires por el justicialismo era el Dr. Carlos Ruckauf, quien
también critico el sistema de seguridad bonaerense y baso
su campaña política en la demanda de
seguridad por parte de la ciudadanía. En un
artículo del diario clarín publicado el día
04 de Agosto de 1999 se leía:

"INSEGURIDAD: RECHAZO DE LA OPOSICION16"
(…)"Un combate sin piedad contra los delincuentes.
Medidas más duras. Una actitud
menos garantista y otra vez un policía al frente de la
Bonaerense. Carlos Ruckauf, en plena campaña electoral,
sintetizó así el plan de seguridad que
aplicaría en la provincia de Buenos Aires si llega a la
gobernación. Hay que meterles bala a los ladrones,
explicó el candidato del justicialismo. El
vicepresidente Ruckauf expresó públicamente sus
ideas sobre la seguridad y se metió de lleno en el
debate sobre
un tema que es, de acuerdo con diversas encuestas, el que mayor
preocupación despierta en los argentinos después
del de la desocupación"..

Estas declaraciones y los distintos hechos delictivos
que se sucedían y las críticas al plan de seguridad
provincial, aceleraron el alejamiento del entonces Ministro de
Justicia y Seguridad Dr. ARSLANIAN, quien dejara su cargo el
jueves 5 de agosto de 1999. En reemplazo del mentado ministro
asume el entonces Juez Federal del departamento judicial de
Zarate–Campana Dr. OSVALDO LORENZO, quien intento seguir
los lineamiento de la reforma iniciada por su antecesor, pero no
pudo.

3.1 RAMALLO, GEO Y TELEVISION

Los días 16 y 17 de septiembre de 1999, se
produce lo que la prensa denomino
"Masacre de Ramallo" hecho que se produce cuando tres ladrones
intentan asaltar la sucursal del Banco Nación
de esa localidad del norte bonaerense, tomando seis rehenes, tres
de los cuales fueron liberados con las negociaciones.

Luego de veinte horas, los delincuentes quisieron
escapar con los tres rehenes restantes, como escudos humanos, en
un auto Volkswagen Polo del gerente,
luego, a la salida de estos y a raíz de una orden o
confusión, personal del grupo GEO (grupo especial de
operaciones)
de la Policía de la Provincia de Buenos Aires comienza a
disparar contra el vehículo donde en pocos segundos
recibió varios impactos y a consecuencia de ello dos de
los rehenes murieron, al igual que uno de los asaltantes, otro de
los ladones resulto herido y el tercero muere ahorcado en una
comisaría de la zona.

Este hecho dio la vuelta al mundo, donde se veía
la total negligencia e impericia policial, dando muerte, en vivo
y en directo (fue trasmitido por todos los canales de noticias
del país), en consecuencia el Juez Osvaldo Lorenzo
presento la renuncia luego de recibir duras críticas de
todos los sectores políticos. Hasta aquí un nuevo
revés para la crisis de seguridad en la Provincia, seguido
de la crisis política que para ese entonces el
todavía gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Dr.
Duhalde, era a su vez candidato a presidente de la Nación.

Este último hecho (masacre de Ramallo) nada
beneficiaba al gobernador para su candidatura. Una nota del
diario Clarín resume muy bien lo acontecido desde el
inicio a la primera reforma policial bajo el titulo
"ESCÁNDALOS Y REFORMAS"17 , la nota
dice:

…"LA MALDITA POLICIA. Se desata una ola de
escándalos de corrupción que deriva en delitos
más graves: aparecen policías involucrados en el
atentado a la AMIA y en el crimen de José Luis Cabezas.
En 1996 renuncia el jefe de la fuerza, Pedro Klodscyk.SIN
UNIFORME. A fines de 1997 llega el primer jefe civil, el
interventor Luis Lugones, que disuelve la cúpula
policial. En abril de 1998 asume el ministro León
Arslanián.PURGA Y REFORMA. Arslanián echa a miles
de policías, transforma la estructura policial e impulsa
la modificación del sistema judicial bonaerense mediante
el nuevo Código Penal Procesal.RENUNCIA. El candidato a
gobernador por el justicialismo, Carlos Ruckauf, acusa a
Arslanián de ser blando con los delincuentes. El
ministro renuncia.PERFIL DURO. El 6 de agosto pasado asume
Osvaldo Lorenzo, ex juez federal. Dice que revisará las
medidas que tomó su antecesor.ACUSACION. La
Cámara Federal de San Martín cuestiona a Lorenzo
por supuestas violaciones de derechos individuales. Poco
después el ministro remplaza a su secretario de
Seguridad, Héctor Lufrano, ex abogado del delincuente
Luis Valor.MASACRE Y FINAL. Tras los sucesos de Villa
Ramallo, Lorenzo renuncia. En su lugar asume Carlos Soria.
Duhalde pasa a disponibilidad a tres comisarios mayores y
disuelve el Grupo Especial de Operaciones (GEO)
".

3.2 ELECCIONES GANADAS, MINISTRO…
PERDIDO

Las elecciones a gobernador las gana el Dr. CARLOS
RUCKAUF, quien asume el día 10 de diciembre del año
2000, designando al ex – militar (cara pintada) Aldo Rico, como
figura fuerte en la cartera de seguridad, tendiente a demostrar
un fuerte compromiso con la lucha en la inseguridad en la
Provincia de Buenos Aires. La realidad demostró que el
Ministro Aldo Rico solo ejerció durante no más de 3
meses, pues debido a distintas desinteligencias con el electo
gobernador, debió presentar su renuncia.

Una nota publicada en el diario pagina 12, resume el
paso de Aldo Rico por la cartera de seguridad,
titulando:

"UN EX SOLDADO EN
DECLIVE18"…" El
último no fue el mejor año de Aldo Rico. Desde
que asumió como ministro de Seguridad, el carapintada
tuvo que pedir disculpas por amenazar a periodistas,
protagonizó el papelón del indio Castillo y,
luego de una reacción destemplada, se vio obligado a
renunciar. De vuelta en San Miguel, Rico calificó de
"negros de mierda" a un grupo de vecinos y fue salpicado por el
escándalo de los prostíbulos ilegales. El 23 de
diciembre, apenas trece días después de asumir
como ministro de Seguridad bonaerense, Rico impulsó una
resolución en la que prohibía a los empleados del
organismo usar pelo largo, minifaldas y arito. Cuando se
enteró, Carlos Ruckauf tuvo salir a frenar la
norma.

El 6 de enero, Rico protagonizó otro
exabrupto cuando amenazó a tres reporteros
gráficos en Pinamar. "Les voy a mandar a la
policía para que los persiga. ¿Para qué
quieren más fotos?
¿Para masturbarse?", dijo en esa oportunidad. Un nuevo
reto de Ruckauf lo obligó a pedir disculpas, que
pronunció a medias: el carapintada atribuyó todo
a "un malentendido" y aseguró que la amenaza era
"inexistente". En marzo, Página/12 reveló la
relación de Rico con Carlos "El Indio" Castillo, que
había sido detenido acusado de intento de homicidio. La
reacción fue veloz: Rico difundió una foto en la
que supuestamente el indio Castillo aparecía como
custodio de Fernando de la Rúa. Fue un papelón:
se trataba, en realidad, de un oficial de la Policía
Federal. Ante la novedad, Rico primero se acuarteló en
su despacho, después tuvo que desmentir su renuncia una
y mil veces y luego acusó a la prensa de estar "aferrada
a ideologías trasnochadas". Más tarde, obligado
por Ruckauf, tuvo que pedir disculpas. Lo hizo a través
de una carta que
potenció el disgusto de De la Rúa. Pero no
alcanzó: Ruckauf volvió de una gira por Estados Unidos
y le pidió la renuncia. El carapintada volvió a
San Miguel.

Se siguieron sucediendo los cambios en el Ministerio de
seguridad y a modo de resumen desde el año 1999 hasta el
año 2004, fueron ministros de Seguridad:

• Dr. León Arslanian (Ex juez
  Federal)
• Dr. Osvaldo Lorenzo, (Juez Federal)
• Carlos Soria, (Diputado Bonaerense),
• Aldo Rico, (ex-militar carapintada)
• Ramón Orestes Verón,( ex-comisairo
  general)
• Juan José Alvarez,(ex intendente de
  Hurlingham)
• Luis Genoud, (Senador bonaerense)
• Juan Pablo Cafiero (Secretario provincial de desarrollo
  humano)
• Raúl Rivara (Ingeniero
  agrónomo).

4. AÑO 2001, LA
CRISIS ECONOMICA E INSEGURIDAD SOCIAL

Luego de la crisis económica y social del
año 2001, y la falta de liquides en todo el sistema
financiero,hizo que el Estado nacional y las provincias deban
emitir bonos para el
pago de sueldos, especialmente a los empleados estatales. En la
provincia de Buenos Aires circulaba el bono denominado PATACON,
el cual tenía el mismo valor al peso argentino. Debido a
los distintos reclamos de los ahorristas, que quedaron dentro del
llamado"Corralito Financiero", los bancos no
contaban con mucho dinero en su tesoro.

Evolución mensual de los cacerolazos (Diciembre
2001- Marzo 2002)

(*) Comprende a partir del 19 de diciembre-Centro de
Estudios Nueva Mayoría-

El siguiente cuadro indica la comparación de los
niveles de pobreza e
indigencia en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano
Bonaerense.-

El descredito de la clase politica
y las exteriozaciones callejeras por parte de agrupaciones
sociales y popupares, eran cada vez mas evidentes y masivas en
todo el pais, con cortes de ruta y calles , reclamando planes
sociales, trabajo, y atención social.

La Argentina trataba de encaminarse y salir de la
debacle institucional y economica que habia dejado el año
2001 con el anterior presidente de la Nación, el Dr. De la
Rúa. Luego de esta crisis y de la sucesion de varios
presidentes,desde la renuncia de De la Rúa, asume el cargo
el Dr.Duhalde como presidente de la Nación, con acuerdo
del senado.

En estos momentos, la preocupacion a nivel institucional
,desde mi punto de vista, era otra, era la vulneracion de la
seguridad , pero de la seguridad
social, ya que luego de la crisis institucional del 2001,
los medios de
comunicacion tematizaban todo lo relacionado a esta crisis
institucional (protestas,cacerolazos,ahorristas contras los
bancos, quiebras de empresas, el aumento del indice riesgo pais,
fusiones de
entidades bancarias, cierres de empresas, empresas tomadas por
sus empleados,cierres de financieras etc,) esto no significaba
que no habia noticias relacionadas a los delitos, de hecho habia,
y muchas ,pero estaban ahi, la preocupacion rondaba mas lo
economico-social donde una franja importante de poblacion habia
quedado excluida socialmente , al no tener medios para ser
incluida.

Un autor destacado que puedo citar, sobre este tipo
especifico de inseguridad, es Dr.ROBERT CASTELL19,
quien en su libro ‘‘La inseguridad Social
¿Que es estar protegido?’’
dice :

… ‘‘20Se pueden
distinguir dos grandes tipos de portecciones.Las
protecciones civiles grarantizan las libertades
fundamentales y la seguridad de los bienes y de
las personas en el marco de un Estado de derecho. Las
protecciones
sociales ‘‘cubren’’ contra los
principales riesgos
capaces de entrañar una degradación de la
situacion de los individuos,como la enfermedad, el accidente,la
vejez
emprobecida, dado que las contingencias de la vida puede
culminar, en última instancia,en la decadencia
social.

… ‘‘Sin embargo, en estas sociedades
rodeadas y atravesadas por protecciones, las preocupaciones
sobre la seguridad permanecen omnipresentes. No se puede eludir
el carácter perturbador de esta constatación
pretendiendo que el sentimiento de inseguridad es sólo
un fantasma de persona acomodada que habrían olvidado el
precio de la
sangre y de las
lágrimas, y hasta qué punto la vida antes era
ruda y cruel.

Tiene tales efectos sociales y políticos que,
por cierto,forma parte de nuestra realidad y hasta extructura
en gran medida nuestra experiencia social. Hay que reconocer
que, si bien las formas mas más masivas de la violencia
y de la decadencia social han sido ampliamente nuetralizadas,
la precupación por la seguridad es por cierto de
naturaleza popular, en el sentido fuerte del termino.
¿Como dar cuenta de esta paradoja? Ella conduce a
formular la hipótesis de que
no habría que oponer inseguridad y protecciones como si
pertenecieran a registros opuestos de la experiencia colectiva.
La inseguridad moderna no sería la ausencia de
protecciones, sino más bien su reverso, su sombra
llevada a un universo que se
ha organizado alrededor de una búsqueda sin fin de
protecciones o de una búsqueda desenfrenada de
seguridad. ¿Qué es estar protegido en estas
condiciones ? No es estar instalado en la certidumbre de
poder dominar perfectamente todos los riesgos de la existencia,
sino más bien vivir rodeado de sistemas que dan
seguridad, que son construcciones complejas y frágiles,
las cuales conllevan en sí mismas el riesgo de fallar en
su objetivo y
de frustrar la expectativas que generan.Por lo tanto, la propia
búesqueda de protecciones estaría creando
inseguridad.

Vale decir que con la crisis del año 2001 la
argentina sufrio dos desprotecciones, una civil y la otra social,
en la primera se generaron saqueos y robos y lo mas importante la
gente que fue muerta por policias en los actos y protestas de
plaza de mayo y del conurbano bonaerense en las horas previas a
la renuncia del presidente de la Alianza, y en el caso de la
segunda, la desprotección que sufrió la poblacion
al quedarse excluida del sistema de proteccion , quedandose el
sistema financiero con con sus ahorros, con su dinero, sin
olvidar como una franja de la sociedad se quedo sin trabajo para
generar ingresos.

4.1 CULPA DE LA POLITICA …

Siguiendo con la situacion de la crisis, siendo
presidente el Dr.Duhalde y en medio de la protesta social, donde
como gobernador de la Provincia de Buenos Aires, asume Felipe
Sola, quien se hace cargo de la gobernacion luego de que el
gobernador electo (Ruckauf) renuncia a su cargo para acceder al
pedido del actual presidente Duhalde donde ocupo el cargo de
canciller de la Republica.

Habiendo dado lucha a la crisis institucional de la
provincia de Buenos Aires, una nueva oleada de crisis politica
comienza a gestarse, luego de que Felipe Sola anunciara su deseos
de postularse como gobernador para las elecciones del año
2003, ya que Sola politicamente hablando contaba con una aparato
incipiente y la verdadera maquinaria era la del duhaldismo,
Marcelo Sain en su libro Politica, Policia y Delito, dedica unas
lineas a este conflicto
diciendo :

‘‘ … 21Un tiempo antes,
Felipe Sola, quien desde el comienzo del 2002 se venía
desempeñando como gobernador de la Provincia de Buenos
aires, en reemplazo del renunciado mandatario Carlos Ruckauf,
había comunicado su intención de postularse para
un nuevo mandato como candidato a gobernador por el Partido
Justicialista en las elecciones que se desarrollarían en
abril del 2003.Ello generó un fuerte rechazo de los
principales dirigentes Duhaldistas que controlaban el poderoso
aparato partidario del peronismo
bonaerense, no sólo porque Solá no
pertenecía a dicho sector sino que aquella
decisión re-eleccionista había sido anunciada sin
haber entablado consultas o negociaciones con dichos
dirigentes.Por cierto, sin el apoyo de este sector
difícilmente Solá obtendría un triunfo
electoral. Además, el mandatario provincial venía
gobernando sin efectuar cotidianas consultas a los referentes
duhaldistas y en más de una ocación había
destacado que la situación provincial era caótica
y que ello respondía a las deficiencias de las susecivas
gestiones gubernamentales anteriores.

Duhalde había gobernado la provincia entre 1991
y 1999, para ser reempleazado por Ruckauf, quien en enero de
2002 abandonó el cargo para asumir como canciller
durante la presidencia del propio Duhalde.

Por su parte, el peronismo Bonaerense, protagonista de
la articulación de una extendida red de clientelismo
político y social de corte conservador venía
protagonizando un fuerte enfrentamiento con las organizaciones
piqueteras representativas de los sectores de desocupados que
se conformaron a partir de mediados de los 90s.

En la provincia de Buenos Aires, estas organizaciones
habían surgido disputando con las extructuras
clientelísticas del peronismo la representación
de los sectores populares desocupados del conurbano bonaerense
y durante los años 1999 y 2001 habían conseguido
una importante influencia organizacional y un alto grado de
movilización en la articulación de sus reclamos
sectoriales, que profundizó la confrontación con
el peronismo Bonaerense.

Marcelo Sain, también participo en forma activa
en el gerenciamiento policial, ya que en el año 2002 fue
Subsecretario de Planificación y Logistica de Seguridad
del Ministerio de Seguridad, de la Policia de la Provincia de
Buenos Aires.

Al nivel de estos hechos ,nuevamente, la Bonaerense
volvia a reincidir en unas de sus acciones mas oscuras de ese
año, hecho este que la prensa llamó « La
masacre de Avellaneda ».